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sábado, 21 de julio de 2018
miércoles, 10 de enero de 2018

Olona fija su objetivo en la renta de quienes más dependen de la agricultura, más vinculación tienen con el medio rural y más contribuyen a la sostenibilidad

El presupuesto del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad asciende a 788 millones de euros, con un incremento del 10,05 % de fondos propios lo que supone 23 millones de euros más que en 2017
El consejero destaca que “el actual Gobierno está destinando a la agricultura, al desarrollo rural y al medio ambiente más fondos que en la legislatura anterior, dados los elevados niveles de ejecución presupuestaria acreditados por el departamento”
Olona en la comparecencia de los Presupuestos de 2018

El presupuesto consolidado del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad (incluyendo al Instituto Aragonés del Agua y al INAGA) para 2018 asciende a 787,98 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,86 %. Esta cifra se logra con un incremento de 22,83 millones de euros de fondos propios autonómicos hasta alcanzar los 250 millones, lo que se traduce en una subida del 10,05 %.

Con el aumento del presupuesto de 2018, no solo se recupera la reducción experimentada en 2016 con respecto a 2015, sino que incluso se supera el presupuesto de 2015 en 13,73 millones de euros, ya que había contado con 774,25 millones.  

Al mismo tiempo, el consejero ha puesto el énfasis en la ejecución presupuestaria que en 2017 representó el 100,30% del presupuesto inicial aprobado en su departamento. La cifra de ejecución más elevada en el periodo 2012-2015 fue de 751,45 millones en 2013, mientras que en 2017 hay acreditada una ejecución de 768,37 millones. “Lo que demuestra que el actual Gobierno está destinando más fondos a la agricultura, al desarrollo rural y al medio ambiente que en la anterior legislatura”, ha señalado Olona.

El consejero ha resaltado que los objetivos y prioridades de su departamento siguen poniendo el acento en mejorar la renta agrícola y rural de quienes mayor vinculación tienen al mundo rural y a la agricultura familiar, y que más contribuyen a su mejora y sostenibilidad económica, social y ambiental. Para el consejero, “la equiparación de la renta de quienes se dedican a la agricultura sigue siendo la deuda pendiente de la Política Agraria y la falta de empleo y servicios lo que despueblan el medio rural”. A lo que hay que sumar “los grandes retos relacionados con el ciclo del agua, la biodiversidad, los montes, los residuos, el cambio climático y la educación ambiental, que afronta nuestra Comunidad”.

Es por ello que el presupuesto de 2018 sigue garantizando la completa absorción de los fondos europeos que financian el Programa de Desarrollo Rural de Aragón 2014-2020 y aporta los recursos propios necesarios para su completa ejecución. De esta forma, se incluye un gasto total con cargo al PDR de 122 millones de euros (75,6 millones del FEADER, 33,3 millones de fondos propios y 13,3 millones del MAPAMA) situándose por encima del mínimo exigido por la senda financiera que es de 105 millones de ejecución media anual mínima. La aportación de fondos propios sube un 21% (5,83 millones), al igual que la aportación FEADER que supone un incremento del 8,3% respecto a 2017. Esto hace que estemos ante el mayor importe disponible desde el año 2012, habiéndose incrementado un 20% sobre el crédito presupuestado en la legislatura pasada.

Hasta finales del año pasado, el departamento ha comprometido con cargo al Programa de Desarrollo Rural una cifra total próxima a los 400 millones, lo que supone el 42 % del presupuesto total (943,52 millones). “Esto hace que el PDR de Aragón se encuentre, en términos de ejecución, a la cabeza en el panorama nacional siendo tan sólo superado por País Vasco, La Rioja y Cantabria, tres comunidades con dimensiones presupuestarias comparativamente muy reducidas.”

Por su parte, el primer pilar de la PAC contará con 439,56 millones de euros (fondos FEAGA) y 40.000 beneficiaros, siendo “la mejor previsión posible teniendo en cuenta los resultados de los ejercicios anteriores”.

Asimismo, el Gobierno de Aragón sigue fiel a su compromiso con la industria agroalimentaria y la promoción comercial de los productos aragoneses destinando 40,06 millones de euros a estos fines, así como a la seguridad y calidad alimentaria; lo que supone un aumento del 22,8 % con respecto a 2017.

También en el área medio ambiental, que incluye la gestión forestal, la biodiversidad, la calidad ambiental, el ciclo del agua (IAA) y la gestión ambiental (INAGA); se produce un importante incremento del presupuesto de 11,17% hasta llegar a los 145 millones. Destacan los 10 millones de euros más destinados al ciclo del agua para la construcción de nuevas plantas depuradoras y el mantenimiento de las existentes. Asimismo, se destinarán 2 millones de euros más a la contratación de las cuadrillas forestales con la ampliación de su contratación hasta los 10,5 meses, lo que supone una partida de 21,47 millones de euros. La descontaminación de lindano también seguirá siendo un objetivo imprescindible para este departamento que invertirá 1,8 millones más en el Plan integral de descontaminación. Asimismo, se mejorarán los servicios en los Espacios Naturales Protegidos con el aumento de 600.000 euros del presupuesto.

Caben ser destacados los 2,5 millones de euros dirigidos a la ganadería extensiva a través de dos nuevas convocatorias de ayudas. La primera de ellas llegará a los ganaderos a través de medidas agroambientales (2 millones), mientras que la segunda persigue la adecuación de la ganadería a los nuevos retos ambientales y socioterritoriales (500.000 euros).

Además, se crea una nueva línea de créditos subvencionados por valor de 900.000 euros para hacer frente a la sequía y otras adversidades. A la vez que se pone en marcha una nueva estrategia de asesoramiento a agricultores y ganaderos dotada con 1,16 millones de euros.

El consejero ha insistiendo durante su compartecencia en que “este presupuesto atiende a las necesidades más prioritarias del sistema agroalimentario, forestal, ambiental y rural en función de su contribución al crecimiento económico y al empleo”, así como a la mejora efectiva de la renta de quienes más dependen del medio rural y a la postre contribuyen a su mejora económica, social y ambiental.

 

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