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lunes, 18 de diciembre de 2017
miércoles, 16 de julio de 2014

FINANCIACIÓN AUTONÓMICA COMO PRESTADORA DE SERVICIOS

Rudi: “La financiación autonómica debe tener en cuenta en primer lugar el coste real de prestación de los servicios”

La Presidenta defiende que la financiación debe estar sometida a nuevos índices correctores en función de la dispersión, el envejecimiento y el sobre-envejecimiento. Considera que es la única manera de garantizar la igualdad real de oportunidades y de der
Asegura que el actual Ejecutivo autonómico ha avanzado en las relaciones con el Gobierno de España, a través de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y de la Comisión Mixta de seguimiento del Pacto del Agua

 

Ante la apertura del proceso de revisión del sistema de financiación autonómica, que tendrá lugar el próximo año, Luisa Fernanda Rudi ha sido contundente durante su discurso en la primera jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad. “Reitero mi posición, la financiación autonómica debe tener en cuenta en primer lugar el coste real de prestación de los servicios”.
 
Y es que, tal y como argumenta la Presidenta del Ejecutivo autonómico, las Comunidades Autónomas son las garantes del Estado del bienestar, y por ello un ciudadano aragonés, viva en el lugar que viva de la Comunidad, “tiene derecho a recibir los servicios públicos con el mismo nivel de calidad que un habitante de Madrid, de Cataluña o de Andalucía”. 
 
Esto significa que la financiación asignada en función de la población debe estar sometida a nuevos índices correctores en función de la dispersión, el envejecimiento e incluso el sobre-envejecimiento. “Esta es la única manera de garantizar la igualdad real de oportunidades y la igualdad real de derechos” ha destacado Rudi. 
 
 
RELACIONES CON EL PARLAMENTO Y CON EL ESTADO
 
Durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad, la Presidenta del Ejecutivo autonómico ha recordado y afirmado con rotundidad que en estos tres últimos años la presencia de su Gobierno ante las Cortes de Aragón y su respuesta a la demanda de información y documentación, han sido, tanto en tiempo como en forma, notablemente superiores a las de legislaturas anteriores, haciendo del Parlamento el centro de la vida política aragonesa.
 
En materia legislativa, las Cortes han aprobado a iniciativa del Gobierno 23 proyectos de ley, y 10 más se encuentran actualmente en trámite. Rudi ha destacado, por su especial simbolismo para la Coalición PP-PAR, el desarrollo reglamentario de la ley autonómica a favor de las Víctimas Aragonesas del Terrorismo. “Por fin se ha dado respuesta a un conjunto de ciudadanos que son acreedores de nuestra gratitud y nuestro apoyo, se ha asegurado su derecho a la dignidad, a la memoria y, en lo posible, a la reparación de su dolor”.
 
Por otra parte, el actual Ejecutivo autonómico ha avanzado en las relaciones con el Gobierno de España, a través de la actividad de la Comisión Bilateral de Cooperación Aragón-Estado y de la Comisión Mixta de seguimiento del Pacto del Agua.
 
Como ejemplos de ese buen entendimiento, Rudi ha enumerado proyectos como el mantenimiento del Fondo de Inversiones de Teruel, la fijación de la cifra de las inversiones en los Presupuestos Generales del Estado para Aragón, el reconocimiento del régimen local propio de Aragón en la legislación básica estatal y la habilitación del aeropuerto de Teruel para el aterrizaje y despegue de aeronaves procedentes de países “no Schengen”.   
 
Además, la Comisión de Seguimiento del Pacto del Agua ha conocido el impulso dado, entre otras obras, al recrecimiento del embalse de Yesa, que avanza según lo previsto, y a la licitación de las obras de la balsa de Almudévar y del proyecto del embalse de Biscarrués.
 
JUSTICIA
 
“La mejora de calidad democrática, como también lo es la vitalidad del Parlamento, es inherente al buen funcionamiento de la Justicia” ha manifestado Rudi.
 
En esta materia, reconocida como base para la confianza de los ciudadanos en los poderes públicos, el Ejecutivo autonómico ha abordado dos acciones concretas: ha sustituido los viejos edificios judiciales por instalaciones modernas en Zaragoza y Huesca y ha logrado que el Anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial, propuesto por el Ministerio de Justicia, respete la ubicación de las sedes judiciales en Aragón.
 
 

 

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