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sábado, 17 de noviembre de 2018
sábado, 10 de noviembre de 2018

El Gobierno de Aragón pone en marcha la Ley de Memoria Democrática

El director general de Relaciones Institucionales, Julio Embid, expone en una Jornada del Foro por la Memoria el programa para el resto de la legislatura, con un nuevo servicio, un censo de asociaciones, una web o un banco de ADN para exhumaciones.
Julio Embid expone el programa de actuaciones en la Jornada de Memoria Democrática en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza

El Gobierno de Aragón ya se ha puesto manos a la obra para desarrollar y aplicar la Ley de Memoria Democrática de Aragón aprobada por el Parlamento autonómico el pasado jueves, 8 de noviembre. El director general de Relaciones Institucionales y Desarrollo Estatutario del Departamento de Presidencia, Julio Embid, ha expuesto el ambicioso programa de actuaciones previstas para lo que queda de legislatura durante la inauguración de la Jornada de Memoria Democrática que se celebra en sesiones de mañana y tarde en el Centro Cívico Estación del Norte de Zaragoza.

Esta Jornada -organizada por la Asociación Foro por la Memoria Democrática con la financiación de la Dirección General de Cultura y Patrimonio del Gobierno de Aragón y la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza- se centra en los aspectos jurídico y arqueológico de la recuperación de la Memoria Democrática. 

Julio Embid ha explicado que en primer lugar se va a crear, dentro de su Dirección General, un Servicio de Memoria Democrática y Estudios Autonómicos mediante un decreto de modificación del Departamento de Presidencia y de la Relación de Puestos de Trabajo para la dotación de personal mediante una redistribución interna, sin incrementar la plantilla ni por tanto el gasto.

También se va a regular mediante un reglamento y después convocar el Consejo Técnico de Memoria, integrado por representantes del Gobierno de Aragón, expertos y asociaciones memorialistas.

Asimismo, está previsto suscribir un acuerdo con la Universidad de Zaragoza y el Departamento de Sanidad para crear un depósito de ADN en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón con las pruebas y muestras que se obtengan de las exhumaciones de fosas, destinado a la identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.

El Servicio de Memoria Democrática confeccionará igualmente un censo de asociaciones memorialistas y se encargará de elaborar una página web y una cuenta de Twitter donde, entre otros contenidos, cualquier ciudadano podrá consultar este registro de asociaciones, el mapa de fosas de Aragón o el mapa de Lugares de Memoria que la Ley prevé levantar en distintos puntos de la Comunidad.

El precursor de estos Lugares de Memoria es el Monolito de la Bolsa de Bielsa que el consejero de Presidencia, Vicente Guillén, inauguró el 27 de junio en la entrada sur del túnel internacional con ocasión del 80º aniversario de la escapada a Francia de las tropas republicanas que quedaron aisladas en la comarca pirenaica del Sobrarbe y el éxodo masivo de la población durante la Guerra Civil.

Por otra parte, se recopilará en lo que resta de legislatura el callejero con nombres contrarios a la Ley de la Memoria, que se comunicará a los ayuntamientos correspondientes para retirarlos, al igual que otros símbolos franquistas existentes en edificios o espacios públicos, en plazo máximo de año y medio. En caso de incumplimiento, está previsto un régimen sancionador, así como el eventual bloqueo del acceso a subvenciones de la Comunidad Autónoma.

Además, todos los 3 de marzo se celebrará como establece la nueva Ley el Día de la Memoria Democrática en Aragón, instituido en recuerdo de los cientos de víctimas del Bombardeo de Alcañiz hace 80 años, una tragedia cuya conmemoración este año ha sido una de las muchas iniciativas realizadas hasta ahora en el ámbito cultural.

De igual forma se celebró este año un acto por el 80º aniversario de la Batalla de Caspe, donde se inauguró un monumento a las Brigadas Internacionales que combatieron en esta localidad zaragozana en marzo de 1938. En esa misma línea, en lo que queda de legislatura se realizarán más actividades culturales y se presentarán nuevas publicaciones.

Finalmente, también se iniciarán próximamente las obras del Museo de la Batalla de Teruel, cuya creación se aprobó por decreto el 13 de julio de este año y que se convertirá en el primer gran centro expositivo del país sobre la contienda.

La Jornada
La Jornada inaugurada por Julio Embid y presentada por Javier Moreno, presidente de la Asociación Foro por la Memoria Democrática, está planteada para el análisis de esta materia desde el enfoque jurídico y el arqueológico.

El contenido jurídico aborda temas relacionados con la situación legal de las víctimas y sus familiares:
-El desarrollo del marco legal en España, las normas nacionales y autonómicas y su aplicación. Las recomendaciones internacionales para el caso español.
-El papel de la justicia en la investigación sobre la merma de derechos durante la dictadura; la justicia universal en España.
-Las querellas organizadas desde otros países; validez y alcance.
-El derecho universal al conocimiento de verdad.

A su vez, el contenido arqueológico analiza temas relacionados con el proceso de acometida de las fosas:
-Las dificultades surgidas para la identificación y acometida de una fosa común ilegal; normativa o protocolo existentes en cada territorio.
-La identificación de restos; el ADN como método identificatorio.

Cuatro expertos han pronunciado ponencias sobre estos aspectos. El arqueólogo Óscar Blázquez ha hablado sobre “La evidencia de los crímenes de lesa humanidad: la excavación de fosas como prueba judicial”. El abogado Enrique Santiago se ha referido a los “Derechos humanos y justicia universal para las víctimas”. El presidente de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, Jaime Ruiz, ha defendido “Una comisión de la verdad para España”.

Ya por la tarde, el jurista Luis Arduña explica “Las normas autonómicas de última generación en materia de memoria democrática”. Y finalmente, hay una mesa redonda sobre “Las garantías de no repetición: las políticas públicas de memoria y la no vulneración de los derechos democráticos de los ciudadanos”.
 

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Teléfono de contacto: 976 714 000

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