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domingo, 24 de febrero de 2019
viernes, 26 de febrero de 2016

La intención de la consejería es abrir un periodo de debate sobre el documento, que se ha presentado al ministerio y a las organizaciones agrarias, para llevarlo a las instituciones europeas con el máximo consenso posible

El Gobierno de Aragón presenta una propuesta de reforma de la PAC que centra las ayudas directas en la renta personal de los agricultores y ganaderos

Joaquín Olona afirma que así se puede incluir a todos los agricultores y ganaderos, se da un trato equitativo a los beneficiarios y se prima la buena gestión de las explotaciones
"El principal problema de esta propuesta será el miedo al cambio", señala el consejero
Joaquín Olona presenta su propuesta de mejora de la PAC


Las ayudas de la PAC (Política Agraria Comunitaria) basadas en los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva (estratos) tienen que ser sustituidas por una compensación de la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que realicen y de su renta personal agraria declarada en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Esta es la propuesta que el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, llevó ayer a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y ha trasladado hoy mismo a las organizaciones agrarias de Aragón con el fin de abrir un periodo de discusión orientado a promover una reforma en profundidad de la PAC. “Lo que no tiene ninguna lógica –ha señalado- es que lo que nace como una compensación de la renta no tenga en cuenta la renta, como ocurre ahora”.

Para fijar esta nueva forma de compensación se plantea establecer una renta agraria de referencia, de tal manera que los agricultores y ganaderos que no la alcancen vean incrementados sus ingresos mediante ayudas públicas hasta completarla.

La proposición incluye a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, y se modula mediante algunos factores correctores: grado de profesionalidad agraria, dimensión económica de la explotación y eficiencia productiva de la misma. El pago estará condicionado al cumplimiento de buenas prácticas agronómicas que deben definirse y a las que se pueden sumar determinadas exigencias de carácter ambiental o social.

La profesionalidad se mide por el porcentaje de ingresos agrarios sobre ingresos totales del beneficiario, de forma que su acceso a las ayudas es proporcional a este (cuanto mayor sea el porcentaje, mayor el derecho a subvención). Se prima de esta manera a quienes más dedicados están a la actividad agraria.

Por su parte, el coeficiente de dimensión es la medida de su dimensión económica potencial con respecto a una dimensión económica estándar establecida previamente. Se fomenta así el aumento de la dimensión económica de las explotaciones.

Y la eficiencia productiva de la explotación se determina por la relación entre la producción obtenida y el potencial productivo asignado previamente. Esta variable castiga la ociosidad (agricultores de sofá).

Todo esto supone una modificación sustancial del enfoque del primer pilar de la PAC (ayudas directas a los agricultores y ganaderos), mientras que se mantiene la orientación actual del segundo pilar (desarrollo rural), del que se reforzaría su papel como impulsor de la mejora de las estructuras agrarias.

Del mismo modo, la propuesta mantiene el mismo nivel de asignación financiera para Estados y comunidades autónomas, aunque modifica, evidentemente, la distribución de esta entre los beneficiarios finales, siempre, por otra parte, personas físicas. Las personas jurídicas no perciben, así, ayudas directas, que se destinan íntegramente a las personas físicas que las componen.

Por último, cabe señalar que la integración del sistema de declaración y control de las subvenciones con el sistema fiscal supondría una simplificación notable del proceso.

 

Acabar con las injusticias e ineficacias

El planteamiento del Gobierno de Aragón tiene como objetivo principal terminar con la falta de equidad de la PAC actual y con los elementos que la convierten en una política ineficaz.

En este sentido, el estudio realizado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad señala que el mal comportamiento de variables como la producción, la productividad laboral y la renta agraria “permite poner en duda la eficacia del enfoque vigente de la PAC, que sigue siendo deudor de la reforma adoptada en 1992 en un contexto internacional y agroalimentario global que poco o nada tiene que ver con el actual”.

El informe añade para el periodo 1992-2012: “La importante pérdida de efectivos agrarios no ha sido suficiente para compensar la caída de la producción y de la renta agrarias, de modo que la productividad del trabajo agrario, así como la renta unitaria del trabajo han experimentado, valoradas a precios constantes, un comportamiento desfavorable”.

Y concluye: “Los resultados observados para Aragón en relación con la productividad y la renta agraria no son peores que los observados para el resto de España, donde la evolución de las diferentes variables analizadas muestra en todo caso tendencias regresivas más acusadas y significativas”.

En cuanto a las injusticias, el departamento que dirige Olona indica que el sistema de pago por hectárea, con importes tanto más elevados cuanto mayor es el potencial productivo de la superficie objeto de ayuda, provoca que la subvención percibida sea mayor para los perceptores con mayor renta agraria. “Este hecho queda claramente reflejado –se argumenta- en la regionalización productiva (estratos) establecida para el conjunto de España, donde los secanos áridos cuentan con pagos por hectárea significativamente más bajos que los secanos húmedos, que, obviamente, son más productivos”; y suma: “lo mismo ocurre con los secanos respecto del regadío”.

Esta inequidad se traduce, además, en ineficacia cuando se comprueba que prácticamente las tres cuartas partes de los beneficiarios de la PAC concentran un tercio de la ayuda total y configuran un colectivo cuya renta total presenta muy escasa dependencia de la actividad agrícola. “Esto supone la dispersión de un importante volumen de fondos (en Aragón, unos 150 millones de euros) entre un elevado número de beneficiarios para los que, presumiblemente, los efectos de la ayuda percibida resultan muy poco relevantes, tanto en términos de renta como agrícolas”, de acuerdo con la interpretación de la consejería. Esta situación impide, posiblemente, focalizar las ayudas en el segmento profesional de mayor interés económico y justificación social.

El pago por superficie, que también se aplica ahora a las producciones ganaderas, se ha convertido por ello en otra amenaza para las zonas de montaña, donde los ganaderos están teniendo serias dificultades para justificar la existencia de una actividad que han mantenido a lo largo del tiempo. “La situación se agrava por las anomalías generadas con la concesión de ayudas basadas en derechos históricos a beneficiarios que ya no explotan ganadería alguna, lo que también genera agravios sociales difícilmente justificables”.

El carácter histórico de los derechos de subvención, por otra parte, dificulta la incorporación y la consolidación de los jóvenes, ya que, como señala el consejero de Desarrollo Rural, “por definición, son derechos de las personas mayores”. Este es uno de los factores que impiden el necesario relevo generacional en el campo.

Al mismo tiempo, ese determinismo histórico impide que agricultores y ganaderos que tradicionalmente no han tenido ayudas puedan llegar a tenerlas, como es el caso de los fruticultores o los productores de porcino.

 

El caso de Teruel

Joaquín Olona ha reconocido siempre que la provincia de Teruel sufre las consecuencias de buena parte de las injusticias señaladas. De hecho, el documento de su consejería, titulado Hacia una PAC más justa y eficaz, admite que en su origen están las reivindicaciones de los agricultores turolenses, cuya situación, por otra parte, también coincide con la de las comarcas del sur de Huesca.

Sin embargo, la solución demandada por la plataforma Agrigate, que solicita un cambio en la regionalización de las ayudas, no resultaría viable, de acuerdo con el análisis de Desarrollo Rural.

En primer lugar, porque supone una transferencia de fondos de las zonas más productivas a las menos productivas, lo que contradice el carácter histórico de los derechos, que es en lo que se basa, precisamente, la regionalización.

Por otro lado, el trasvase de ayudas de Zaragoza y Huesca a Teruel, en el actual marco de pagos por hectárea y derechos históricos, conduciría a un conflicto territorial todavía mayor.

Asimismo, supondría una deriva económica del regadío al secano, pero sin garantías de que de esta manera los profesionales de Teruel alcanzasen la renta agraria necesaria.

El informe señala, también, que esto no supondría un reparto equitativo y eficaz de las ayudas, puesto que el nuevo sistema de estratos sería igualmente perverso en este sentido, o más, que el original.

Por último, el Departamento de Desarrollo Rural hace hincapié en que una solución de carácter exclusivamente territorial no termina con los agravios personales que se dan dentro de cada territorio entre los agricultores. Y este es uno de los objetivos fundamentales de la reforma propuesta: la equidad entre todos ellos.

 

Una reforma profunda

En consecuencia, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha tomado la decisión de abordar la propuesta de una reforma de calado sobre la política agraria europea. El objetivo es, evidentemente, solucionar los problemas que se han puesto de manifiesto en la provincia de Teruel tras la última reforma de la PAC, pero del mismo modo evitar las deficiencias estructurales de esa política que afectan al conjunto del sector.

En términos de equidad, se trata de no sean las rentas más altas las que más ayudas reciban. Y, en términos de eficacia, impedir que una buena parte de las subvenciones lleguen a beneficiarios cuya dependencia de la actividad agrícola y contribución a la misma sea mínima o incluso irrelevante.

En este sentido, ni los estratos o regiones productivas ni los pagos por superficie ni los derechos históricos son útiles. Más bien al contrario: constituyen el problema a resolver. De ahí que se apueste por su desaparición.

Como el objetivo de la PAC, por un lado y de acuerdo con el Tratado de la Unión Europea, es “el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura”. Y como la Constitución Española, por otro, hace referencia a la equiparación del nivel de vida de los agricultores al del resto de los españoles, el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad entiende que la legitimidad de la política agraria radica precisamente en “la equiparación de las rentas de los agricultores con las del resto de la población”.

Y, en este sentido, fija la renta como el elemento básico de referencia y en torno al cual se deben implementar los mecanismos de compensación. “Si no se realiza esta compensación, se produce una transferencia de rentas desde los agricultores hacia el resto de la sociedad, dado que, por lo general, los precios pagados por los alimentos no cubren todos los gastos de producción”, concluye.

 

Ventajas de la propuesta

La compensación directa de las rentas mediante la fórmula planteada, por lo tanto, permitiría:

-          Incluir a todos los agricultores y ganaderos como beneficiarios de las ayudas.

-          Orientar las subvenciones a los segmentos de beneficiarios más dependientes de la actividad agraria y más implicados en su desarrollo.

-          Equiparar a todos los perceptores en derechos, acabando con desigualdades personales, territoriales, de orientación productiva o cualesquiera otras.

-          Primar la buena gestión de las explotaciones.

-          Mantener la capacidad financiera de Estados y comunidades autónomas.

-          Introducir exigencias medioambientales o sociales con criterio y viabilidad agronómicos.

-          Legitimar la política agraria por el valor intrínseco de la actividad agraria.

-          Transformar la PAC de presupuesto sin política a política con presupuesto.

-          Eliminar el exceso actual de burocracia

Para el Departamento, cuya intención es llevar la propuesta hasta Bruselas, ahora se abre un periodo de debate sobre la misma.

 

Glosario

Compensación de la renta agraria personal*. Ayuda que recibirían los agricultores y ganaderos para garantizarles una renta de referencia y favorecer su equiparación con el resto de la sociedad.

Derechos históricos. Reconocimiento de actividad agraria desarrollada en el pasado que tienen algunos agricultores y ganaderos y en virtud del cual se le asignan las posibles subvenciones a percibir. No todas las actividades agrarias ni todos los profesionales del campo tienen derechos reconocidos.

Pago por superficie. Sistema de abono de subvenciones directas a agricultores y ganaderos que asigna un importe por hectárea que viene determinado por el derecho histórico de cada agricultor. Cada región o estrato tiene un valor de ayuda calculado como media de los derechos de los agricultores de dicho ámbito geográfico.

Potencial productivo. Es el valor de la producción asignada a una explotación agraria en función de sus características estructurales y en condiciones normales de explotación.

Renta agraria personal. Renta obtenida por agricultores y ganaderos como consecuencia de su actividad agraria, sin contar las subvenciones. Reflejada en la declaración del IRPF.

Renta de referencia. Estimación de la renta que deberían percibir los agricultores y ganaderos y que les equipara al resto de ciudadanos. Su valor debe determinarse.

Renta total. La reflejada en la declaración del IRPF.

Política Agraria Comunitaria (PAC). Acuerdo político alcanzado por los Estados miembros de la Unión Europea con el fin de garantizar un nivel de vida digno a la población agraria, asegurar el suministro de alimentos a precios razonables y garantizar la calidad de los mismos, así como su seguridad. Fue la primera política común de Europa, cuenta con el presupuesto más importante y desde su implantación en los años cincuenta ha sufrido varias reformas que han variado, en algunos casos sustancialmente, su orientación. Ahora se articula en dos pilares fundamentales. El Primer Pilar concentra aproximadamente el 85% del presupuesto y en él se incluyen fundamentalmente los pagos directos (subvenciones) a agricultores y ganaderos. Del Segundo Pilar, dedicado al desarrollo rural a través de diversas medidas, dependen cuestiones estructurales como la competitividad, la sostenibilidad o el equilibrio territorial. En Aragón supone más de 500 millones de euros anuales procedentes de fondos europeos.

 

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