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sábado, 15 de agosto de 2020
sábado, 09 de abril de 2016

Sólo uno de cada quinientos trabajadores de la Administración autonómica en contacto con menores opta por acreditar directamente que no ha cometido delitos sexuales

El 99,74% de los empleados públicos que están obligados a aportar la certificación de no haber sido condenados por esta causa ha confiado la tramitación al Gobierno de Aragón.
La documentación recogida, aún por completar, se cruzará con la bases de datos del Ministerio de Justicia a partir de la próxima semana y si se detecta algún caso, sería apartado de su puesto actual.

La aplicación de la normativa estatal de protección a la infancia y la adolescencia se está desarrollando de momento sin ningún problema en el ámbito de la Administración autonómica, donde 40.563 trabajadores cuya actividad está relacionada con menores –alrededor del 80% de la plantilla- están obligados a acreditar , bien directamente o bien autorizando a hacerlo al propio Gobierno de Aragón, que carecen de antecedentes penales por delitos sexuales. El plazo inicial concluyó el pasado día 8, y el 99,74% de los trabajadores afectados ha confiado los trámites a la Administración aragonesa para recabar la certificación correspondiente.

Dicho de otra forma, sólo uno de cada quinientos trabajadores de la Administración autonómica afectados por la normativa estatal de protección de menores (en concreto el 0,26%) ha optado por solicitar directamente al Ministerio de Justicia el certificado de carencia de antecedentes penales por delitos sexuales. En total han sido 92 de los casi 35.000 casos tramitados hasta ahora los que no han autorizado a la Administración autonómica a recabar sus datos y han optado por solicitar directamente el certificado de antecedentes penales al Ministerio de Justicia.

En cualquier caso, estos empleados también tendrán que presentar dicho certificado al Gobierno de Aragón, que cruzará toda la documentación con las bases de datos del Ministerio de Justicia a partir de la próxima semana. Si de ese cruce de datos surgiera algún caso de antecedentes por delitos sexuales entre el personal del Gobierno de Aragón que está en contacto con menores, el trabajador será apartado inmediatamente de ese puesto y se le reubicará en otro donde no exista tal exposición, según explicó en su día el director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, Ignacio Zarazaga.

“El proceso –señala ahora Zarazaga- se está gestionando con absoluta normalidad, sin que haya supuesto mayores problemas para los trabajadores públicos”. Lo único es que el procedimiento no es automático y todavía falta un tiempo para completar el proceso, ya que una parte de la plantilla afectada por la normativa estatal, sobre todo en el ámbito de Educación, ha cumplimentado la documentación en formato papel para presentarla después en Registro en vez de utilizar la aplicación informática que se habilitó a tal efecto antes de que se abriera el plazo.

Por lo tanto, antes de cruzar los datos con las bases del Ministerio de Justicia habrá que volcar en soporte informático los casos pendientes tramitados en papel. Aunque todavía no esté confirmado que todos estos casos vayan a autorizar a la Administración autonómica a solicitar al Ministerio sus datos de antecedentes penales, “lo lógico es que se siga la misma proyección”, apunta el responsable de Función Pública, quien desde el primer momento dijo que se prevé que a lo sumo surjan “casos aislados” de condenas por este tipo de delitos.

En cualquier caso, “el grado de cumplimiento es muy considerable”, según Zarazaga, ya que, a falta de los datos en formato papel que llegarán a lo largo de estos días, en la Administración general han cumplimentado la documentación a través de la aplicación dispuesta para los trabajadores el 85% del personal afectado, en Justicia el 95% y en Sanidad el 93%. Y el porcentaje de trabajadores que no autorizan a que la Administración autonómica haga las gestiones, añade, “es absolutamente residual” (1 de 3.554 en la Administración General, ninguno en Justicia y 48 de 22.740 en Salud).

De los 3.554 empleados públicos en la Administración general de la Comunidad Autónoma se han recogido en total 3.032 autorizaciones para recabar directamente el certificado de antecedentes penales por delitos sexuales, mientras que quedan 521 casos pendientes (tramitados en papel) y tan solo un trabajador no ha autorizado al Gobierno de Aragón a hacer los trámites y ha optado por solicitar directamente al Ministerio la documentación para aportarla después.

En este ámbito de la Administración general hay trabajadores expuestos al contacto con menores y por tanto afectados por la normativa estatal en los institutos de Empleo, Juventud, de la Mujer y de Servicios Sociales; en los servicios provinciales de Educación de Huesca, Teruel Zaragoza; así como en las direcciones generales de Cultura y Patrimonio, Deporte, Gestión Forestal y de Justicia e Interior.

En el ámbito propiamente de Justicia hay 420 afectados, de los que 396 han autorizado a la Administración autonómica a recabar sus datos por vía telemática y otros 24 están pendientes al tramitarse en papel.

Donde hay un mayor número de trabajadores expuestos al contacto con menores es en Sanidad, concretamente 22.160, de los que 20.061 han dado su autorización a la Administración autonómica, 1.511 están pendientes y 48 han optado por acreditar directamente su falta de antecedentes por delitos sexuales.

Finalmente en Educación -donde el proceso avanza algo más despacio al realizarse la gestión de manera manual por los centros-, hay 14.849 docentes afectados en las tres provincias, de los que 11.176 han dado su autorización, 3.630 están pendientes y 43 prefieren acreditar directamente que no tienen cortapisas legales para continuar en su puesto actual.

Aparte de los empleados públicos en activo que están en contacto con menores, están obligados a aportar la certificación de carencia de antecedentes penales por delitos sexuales o a autorizar a la Administración autonómica para obtenerla los trabajadores que se incorporen a partir de ahora en la provisión de nuevos puestos antes de tomar posesión.
 

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