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jueves, 19 de octubre de 2017
jueves, 05 de octubre de 2017

Aragón ofrece al Mapama y al resto de comunidades su experiencia pactista en materia de agua

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad inaugura la jornada técnica de Riegos del Alto Aragón apostando por las obras de regulación pendientes y asegurando que el Gobierno de Aragón no renuncia a ejercer sus competencias para defender el interés general

El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón ha ofrecido toda la experiencia pactista de esta comunidad para el pacto nacional del agua que quiere impulsar el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medioambiente (Mapama).

Joaquín Olona, en la inauguración de la jornada técnica de la Comunidad General de Riegos del Alto Aragón, ha afirmado que Aragón ha sido pionera y es la única comunidad autónoma que cuenta con un pacto del agua. “En respuesta a la petición de postura inicial por parte de la Dirección General del Agua del Mapama, hemos mostrado nuestra mejor predisposición para avanzar hacia un pacto nacional por el agua en el marco de la unidad de cuenca”, ha manifestado.

El consejero ha recordado que “en Aragón contamos con un valioso patrimonio institucional en relación con la gobernanza del agua y somos pioneros en pactar sobre el agua”, a lo que ha añadido: “por lo que es obligado poner a disposición del ministerio, así como del resto de las comunidades autónomas, nuestro conocimiento y experiencia”.

Olona, en todo caso, ha señalado que existe un único límite: “hemos manifestado nuestra oposición a cualquier trasvase de agua procedente de las cuencas hidrográficas de las que forma parte Aragón”.

Todo ello, de acuerdo con su explicación, en consonancia con el mandato que nuestro Estatuto de Autonomía hace a los poderes públicos aragoneses, así como con el mandato formulado al Gobierno de Aragón a través del acuerdo adoptado por el pleno de las Cortes de Aragón celebrado los días 20 y 21 de abril de 2017.

“Una posición que defiendo sin complejos porque no implica menoscabo alguno de nuestra solidaridad, sino la honrosa defensa de nuestros legítimos intereses, tanto de los de las actuales como de las futuras generaciones”, ha indicado para añadir que detrás de esta posición no faltan criterios fundamentales de sostenibilidad.

El titular de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha precisado que “exigirnos el apoyo a trasvases procedentes de las cuencas de las que formamos parte no es apelar a nuestra solidaridad, sino abusar de ella en tanto en cuanto sufrimos graves déficits hídricos e hidráulicos que se manifiestan en problemas sociales y desequilibrios territoriales en el seno de nuestra propia Comunidad Autónoma”.

En este sentido, ha dicho que aceptar trasvases sería incoherente con la existencia de miles de hectáreas con plenos derechos de riego pero que todavía no se riegan; riegos que reúnen los requisitos para ser considerados de interés social, que no cuentan con dotaciones suficientes, que carecen de las garantías de suministro deseable o que no disponen de las condiciones técnicas e institucionales propias de nuestro tiempo.

“En nuestro contexto geográfico de fuerte aridez –ha continuado- el desarrollo agroalimentario por el que apostamos estratégicamente desde el Gobierno de Aragón presenta una estrecha vinculación con el regadío en amplias zonas de Aragón gravemente amenazadas por la despoblación”.

El Gobierno de Aragón gobierna

El contexto geográfico de elevada irregularidad hidrológica y de previsible aumento de la incidencia de eventos hidrológicos extremos como consecuencia del cambio climático, hacen que el Gobierno de Aragón, según Olona, apoye “con claridad y sin complejos” las obras de regulación todavía pendientes de finalizar o de iniciar. En particular las relacionadas con los ríos Aragón (Yesa), Gállego (Biscarrués y Almudévar) y Jalón (Mularroya).

En esta línea, en la planificación de las obras hidráulicas de regulación y transporte debe incorporarse con más y mejor acierto la consideración de su interés público superior,  la justificación de su impacto sobre la calidad de las masas de agua afectadas y el análisis de la recuperación de costes. Ámbitos todos ellos para los que la propia Directiva Marco del Agua establece la posibilidad de considerar excepciones.

Por otra parte, el consejero también ha indicado que se ha trasladado al Mapama la necesidad de ampliar el concepto de restitución territorial del actual artículo 130.4 de la Ley de Aguas en orden a garantizar el reequilibrio socioeconómico y ambiental de las zonas afectadas por las infraestructuras hidráulicas e hidroeléctricas.  

Olona ha desgranado otras demandas y propuestas realizadas al ministerio. Así, para “avanzar con firmeza y realismo en la mejora de la calidad y buen estado ecológico de las masas de agua”, se ha expresado al Mapama la necesidad de establecer herramientas de control de la contaminación difusa asociada a las actividades agrarias, así como la necesidad de concretar un régimen específico para el tratamiento de las aguas residuales procedentes de los pequeños municipios que evite costes financieros excesivos y desproporcionados. “También hemos pedido apoyo para el desarrollo del plan estratégico de lucha contra el lindano, problema que, además de la magnitud y complejidad que tiene, conlleva riesgos potenciales a escala de cuenca”.

Por otra parte, se ha señalado al ministerio la importancia de una gestión integral de los riesgos de inundación adecuando la regulación normativa sobre las zonas de flujo preferente y áreas de inundabilidad temporal controlada y estableciendo un régimen específico de actuaciones estructurales, así como compensaciones en materia agroambiental y del sistema de seguros agrarios.

Finalmente, Olona ha informado de que también se ha trasladado al Mapama “nuestro especial interés por la gobernanza de los usos del agua, a través de procesos de innovación institucional”. Todo ello con el propósito de mejorar las capacidades de gestión y transparencia de los órganos de cuenca, así como de las comunidades de regantes y usuarios del agua en un marco donde, en función de sus competencias exclusivas en materia de regadíos y su obligación de defender el interés general, “el Gobierno de Aragón gobierna”.

Y ello porque, de acuerdo con el consejero, para desarrollar una verdadera política de aguas aragonesa, que aporte valor añadido y soluciones a los retos y desafíos existentes, considero imprescindible proyectar sobre el Dominio Público Hidráulico las competencias sectoriales que el Gobierno de Aragón tiene en relación con el agua (regadíos, prevención de la contaminación, gestión forestal, espacios naturales, depuración y saneamiento, abastecimiento y otras). “Un propósito que, como es obvio, exige el pleno desempeño de dichas competencias. No para dificultar el funcionamiento de las instituciones del agua y el regadío, sino para favorecerlo y potenciarlo”.

 


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